Lo más leido
Categorías
Organizada por el Foro Español de Inversión Sostenible Spainsif, la Semana ISR 2022 se ha celebrado del 27 de mayo al 3 de junio en seis ciudades españolas diferentes. El evento gira en torno a la regulación en materia de sostenibilidad en España y Europa, la transición de los grupos de interés hacia una economía baja en carbono y los retos de la integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en las finanzas sostenibles, entre otros temas de actualidad.
Fonditel ha acogido la apertura del evento el viernes 27 de mayo y Teresa Casla, consejera delegada de la gestora, además de vicepresidenta de Spainsif, ha realizado el discurso de bienvenida y la moderación de la mesa redonda: Criterios ASG en los Planes de Pensiones de Empleo.
Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, ha comentado la oportunidad que representa la Semana ISR para difundir información sobre la inversión socialmente responsable y generar opinión fundamentada sobre las perspectivas de expertos en la industria.
“En Spainsif recogemos la riqueza de nuestros grupos de interés que están enfrentando con gran velocidad los cambios en materia de sostenibilidad, especialmente en cuanto a la regulación”. Entre los cinco grupos de interés del Foro, Garralda enfatizó la presencia de bancos y aseguradoras, gestoras, proveedores de datos y de conocimiento con las universidades, ONG y, por último, los sindicatos.
María Francisca Gómez-Jover Torregrosa, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria (DGSFP), realizó una ponencia especializada, en la que explicó cómo se ha integrado la sostenibilidad en el proyecto de ley de fondos públicos y qué requisitos se han establecido en la norma. Además, resumió las principales exigencias que tienen las gestoras en materia de sostenibilidad, con énfasis en el reporting y los temas de gobernanza.
“En España al hablar de los fondos de promoción pública, con el nuevo proyecto de ley se pretende integrar en el segundo pilar a determinados colectivos (autónomos, pymes y entes locales de administraciones públicas) que hasta el momento no han podido desarrollar lo suficiente el ahorro o previsión social complementaria para la jubilación”, advirtió Gómez-Jover Torregrosa.
La experta de la DGSFP apuntó que en el proyecto de ley se han intentado introducir exigencias del reporte de inversión socialmente sostenible y de finanzas sostenibles, aun teniendo en cuenta que es una ley de mínimos que no exige categorías. “La normativa europea está alineada en incluir el riesgo de sostenibilidad como un riesgo más de las carteras. Ya no sólo tenemos el binomio rentabilidad-riesgo, sino que ahora también se añade específicamente la referencia en materia de sostenibilidad”, añadió.
Mario Sánchez, economista en Comisiones Obreras (CCOO) y coordinador del Grupo de Expertos en Planes de Pensiones de Empleo ASG, insistió en que el sistema complementario de pensiones en España no pretende sustituir a las pensiones públicas sino justamente complementarlo.
Explicó que el trabajo del Grupo de expertos ha girado en torno a la normativa sobre el Fondo de promoción pública, el Pacto verde europeo, la alineación con los PRI y los ODS, con la directiva de implicación a largo plazo y con las taxonomías medioambiental y social (cuando entre en vigor). “Hemos acordado el proceso de debida diligencia para los fondos de pensiones, que debe basarse en normativas de consenso nacional e internacional. Asimismo, un tema clave del trabajo ha sido la promoción y compromiso de la transparencia” agregó Sánchez.
De cara al futuro, el representante de CCOO, avanzó que se tendrá que incluir en el desarrollo reglamentario: las exigencias de los PRI, las recomendaciones de la TCFD, la participación en la iniciativa Climate 100 + y la inclusión de políticas de participación y voto, para así fortalecer la gobernanza en la industria y otorgar mayor equilibrio entre la administración y los agentes sociales.
Lo más leido
Categorías
Buscando, por favor espera un segundo.
Estamos creando el documento para ti