15/03/2019

Lo que el viento se llevó: Mochila austriaca y Pacto de Toledo

Apenas unos días antes de convocar elecciones anticipadas, el Gobierno presentó la denominada “Agenda del Cambio”. Una hoja de ruta, que tras la convocatoria electoral queda en “stand-by”, y que contaba con reformas estructurales y nuevas medidas para sentar las bases de un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. El documento reclamaba garantizar la sostenibilidad a largo del plazo del sistema de Seguridad Social como eje de nuestro Estado de Bienestar. Además reconoce que el alargamiento de la esperanza de vida junto con la baja tasa de natalidad, debida en parte a las incertidumbres económicas, suponen un reto importante de cara al futuro. También abogaba por desarrollar un sistema de previsión social en las empresas mediante planes de pensiones de empleo acordados entre empresarios y trabajadores.  De esta manera, los futuros jubilados dispondrían de un complemento a la pensión pública, impidiendo así la pérdida de poder adquisitivo.

Otro de los aspectos relevantes abordados era la llamada “mochila austriaca”. En el modelo austriaco, el empleado a lo largo de su etapa laboral, recibe por parte del empleador una aportación anual en un fondo de capitalización. Este capital es gestionado por institución financiera que lo invierte para generar un rendimiento. El fondo de ahorro se mantiene aunque haya cambio de trabajo y el Estado lo incentiva como complemento a la pensión pública. Asimismo, el trabajador puede hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas en el fondo en caso de despido improcedente, de movilidad geográfica o en el momento de su jubilación para complementar la pensión pública.

Por otro lado, y tras casi tres años de negociaciones, el Pacto de Toledo acabará la legislatura sin resultado alguno. Los últimos avances realizados, sugerían presagiar la posibilidad de llegar a un gran acuerdo, que finalmente no ha llegado. La comisión parecía tener preparado un borrador con diversas recomendaciones entre las que se recogía la vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC real, la fijación de un calendario para acabar con el déficit estructural del sistema con una fecha límite 2025 y un importante impulso a los planes de pensiones privados (individuales) y complementarios (planes de pensiones de empleo). Cabe recordar que el Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria que se constituyó con el apoyo de todos los partidos políticos para discutir, analizar y proponer medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

Sin embargo, estas medidas no verán la luz a corto plazo y tanto la llamada “Agenda del cambio” como este principio de acuerdo de la comisión del Pacto de Toledo, tendrán que esperar a conocer el reparto de mayorías tras las próximas elecciones del 28 de abril.