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España se enfrenta, al igual que el conjunto de economías avanzadas de la UE, a los retos derivados del envejecimiento de la población. Entre las implicaciones socioeconómicas se encuentra el previsible aumento necesario de la tasa de ahorro para la jubilación. Este impulso adquiriría mayor fuerza a través de un marco fiscal de incentivos con vocación de permanencia a lo largo del tiempo, con mayor flexibilidad en la utilización de los instrumentos de previsión y siguiendo las principales pautas de los países de nuestro entorno.
Ha de abogarse por la seguridad jurídica, con un marco regulatorio estable, predecible y favorable de los instrumentos de previsión a largo plazo. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el Instituto de Estudios Económicos (IEE) analizando, de forma comparada, la realidad actual de los planes de pensiones, así como las implicaciones del vigente marco fiscal que les afecta.
Independientemente del nivel de renta o riqueza, la extensión de los beneficios que producen los instrumentos de previsión sobre los que se materializaría este ahorro sería generalizada. La relevancia de las aportaciones en todos los tramos de renta, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de 2019, evidencia que la concienciación hacia el ahorro a largo plazo es compartida por gran parte de la sociedad con independencia de sus niveles de renta.
Los hogares españoles presentan unos niveles de ahorro reducidos en relación con nuestro entorno comparado. Además, su cristalización en vehículos con vocación de planificación a largo plazo, como son los instrumentos de previsión social complementaria, es claramente mejorable desde un punto de vista de una planificación financiero–fiscal eficiente.
Esto se agrava al constatar que los principales organismos internacionales, entre ellos la Comisión Europea, estiman que la tasa de sustitución de nuestro sistema público de pensiones caerá en más de 30 puntos en los próximos 50 años. En este contexto, es necesaria y bienvenida cualquier iniciativa que pueda contribuir a incentivar el ahorro de los españoles y, en particular, en este tipo de instrumentos de planificación para la jubilación que pueda complementar la prestación pública.
Como se destaca en el informe, los beneficios del ahorro instrumentado a través de planes de pensiones son múltiples y no terminan en la mejora del bienestar del individuo a largo plazo, permitiéndole mantener su nivel de vida tras la jubilación. Los beneficios, además, se extienden al conjunto de la economía al estar incrementando el nivel de fondos disponibles para acometer inversiones, uno de los principales motores del incremento de la productividad a largo plazo, lo que, a su vez, deriva en una mejora de las condiciones de vida de la sociedad. El mayor ahorro canalizado a través de los mercados financieros permite un mayor desarrollo de estos, mejorando su liquidez y su funcionamiento, y, en definitiva, dando lugar a una asignación de capital más eficiente.
La progresiva pérdida de incentivos se ha traducido en una disminución de las aportaciones. Así, en 2007 se eliminó el coeficiente reductor para las prestaciones percibidas en forma de capital, mientras que, en 2016, se minoró la cuantía de la aportación de 10.000 euros a 8.000 euros y se eliminó la ampliación del límite para personas mayores de 50 años.
No se deben reducir, sino mantener, los incentivos fiscales a los planes de pensiones actualmente existentes en España, elevándose significativamente los límites de las aportaciones realizadas a favor de los cónyuges sin rentas, tal y como fija la recomendación 16 del Pacto de Toledo.
España es uno de los seis países que peor trata los incentivos fiscales a los planes de pensiones dentro del colectivo de los 37 países de la OCDE. Nuestros incentivos no llegan al 60% del promedio de los existentes en este grupo. En lo que refiere a la UE, cuyo promedio es algo peor que el de la OCDE, el sistema de incentivos fiscales en España se sitúa en el 65 % de la media europea. Los países con peor tratamiento fiscal del rescate, como es el caso español, han de cuidar los incentivos en las aportaciones, especialmente, ya que, en otro supuesto, desaparecería el estímulo fiscal derivado del diferimiento.
El motivo del favorable tratamiento fiscal del ahorro-previsión en tantos países viene motivado por la incuestionable utilidad del sistema fiscal para impulsar a unos contribuyentes que pueden ser escasamente proclives a tomar una decisión racional en favor del diferimiento de renta.
En España, según el informe, la mayor ventaja fiscal se concentra en las rentas bajas, ya que estos son los que tienen una mayor probabilidad de que la tributación de la prestación se realice a un tipo marginal inferior del que se benefició la reducción de la aportación, lo que hace que los individuos con menores rentas en la etapa de jubilación sean, precisamente, los que más amplifican su rentabilidad financiero-fiscal por haber ahorrado a través de planes de pensiones.
Por último, es fundamental la generalización de metodologías activas de información sobre la pensión esperada, que aporten al conjunto total de los ciudadanos herramientas suficientes para poder responsabilizarse y tomar, así, mejores decisiones al objeto de garantizarse sus necesidades de ahorro a largo plazo.
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