10/10/2018

¿Hay que duplicar los empleos para mantener las pensiones?

El Consejo General de Economistas acaba de presentar un estudio sobre la situación de las pensiones en España.

España es uno de los países del mundo más envejecidos y con una de las tasas de natalidad más bajas. A un alto índice en el número de nacimientos en las décadas de los 60 y 70 le siguió un paulatino descenso desde la década de los 80 que continua hasta hoy, propiciando un desajuste en el sistema redistributivo que puede poner en peligro el modelo de prestación de las pensiones que rige en la actualidad.

Nuestro sistema público de pensiones presenta un déficit persistente desde 2011, que en 2017 supuso casi 19 mil millones de euros, unos mil euros anuales por afiliado a la Seguridad Social y unos dos mil euros por pensionista.

Durante las próximas décadas, el número de pensiones aumentará desde los 9,6 millones actuales hasta unos 15 millones a mediados de siglo. Sin cambios en el sistema, este incremento sólo podría ser compensado con un aumento de los afiliados desde los 18,6 millones actuales a unos 28 millones, lo que parece poco probable de acuerdo a las proyecciones demográficas actuales del INE, Naciones Unidas o la Comisión Europea. Con las proyecciones de Naciones Unidas de 2017, para mantener la tasa de dependencia al nivel actual la edad de jubilación debería aumentar hasta más de 76 años en 2050

En un sistema contributivo los ingresos crecen a la tasa a la que lo hacen las cotizaciones y en las últimas dos décadas los ingresos del sistema de pensiones se han situado alrededor del 10% del PIB. Por su parte, el crecimiento del gasto en pensiones es igual a la suma del crecimiento del número de pensiones, del efecto sustitución y de la revalorización anual. El resultado es que nuestro sistema tiene ya un déficit estructural y las proyecciones apuntan a que irá en aumento.

 

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El Consejo General de Economistas de España valora positivamente el trabajo de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, si bien puntualiza que toda  la atención no debería centrarse en el establecimiento de un mecanismo anual de revalorización de las pensiones, sino que deberían intentar ir más allá, con objeto de que nuestro sistema de pensiones fuera sostenible a medio y largo plazo enmarcando su debate sobre bases técnicas y no en clave electoralista.

Reconociendo que ciertamente no hay hoy en España una solución clara a la vista ni derivable de un solo instrumento, se trataría de acompasar diversas medidas, ajustadas y ponderadas a cada situación, lo que requiere más debate técnico que discurso político.

El estudio concluye que aunque son muchas las preguntas a las que convendría dar respuesta, el problema de las pensiones en España no tiene una solución clara y única que pueda satisfacer totalmente a todas las partes. De ahí que la  interlocución entre todos los agentes sociales y económicos que inciden en ello sea imprescindible para encontrar la mejor salida consensuada, que sea además sostenible en el tiempo.

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