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Tras finalizar el año con 600.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y situar la cifra total cercana a los 18,5 millones, nos encontramos frente al mismo problema que en 2017: no hay fondos suficientes para hacer frente a las 14 pagas de las pensiones. Ayer supimos que el Tesoro prevé conceder en 2018 un nuevo préstamo a la Seguridad Social por importe de unos 15.000 millones de euros para garantizar el pago puntual de las pensiones. La recaudación por cotizaciones sociales acabará en máximos históricos (hasta noviembre se acercaba a los 100 mil millones de euros), pero sigue siendo insuficiente para abonar las pensiones correspondientes a la doble paga de verano y Navidad.
A pesar de llevar ya cuatro ejercicios en los que el ritmo de nuevas altas no parece detenerse (desde diciembre de 2013 el sistema ha aumentado en más de 2 millones de afiliados), los nuevos cotizantes aportan menos a las cuentas del sistema que los que había anteriormente, como consecuencia de unos menores salarios y el aumento de trabajos precarios.
La gran paradoja es que esta indudable mejoría en la recaudación, unida al crecimiento del mercado laboral, será insuficiente para reducir el déficit del sistema público de pensiones. El porqué de esta situación se debe al notable incremento en los últimos años del número de pensionistas y de la cuantía percibida. Baste señalar que, desde diciembre del año 2000, el número de pensiones ha aumentado en casi 2 millones y que la pensión media de jubilación ha pasado de 675 euros a los actuales 1.071. El problema al que nos enfrentamos es al crecimiento demográfico de la población española, por lo que estos datos no son anecdóticos y que seguirán creciendo cada año.
Recientemente, técnicos de la OCDE han realizado un informe específico sobre las pensiones en España en el que advierten del envejecimiento de la población y su tendencia a la aceleración. Todo hace indicar que para 2050 la tasa de dependencia, entendida como la proporción de personas menores de 16 años o mayores de 64, sobre la población en edad de trabajar, estará próxima al 75%, siendo sólo superada por Japón dentro de los países desarrollados.
A todo ello, como ya alertamos en nuestro artículo del día 1 de diciembre, se añade que nuestro sistema es de los más generosos en materia de pensiones. Sin embargo, esta generosidad tiende a mitigarse. ¿Qué puede hacer el ciudadano ante esta situación? En primer lugar debería de ser informado. La reforma de pensiones llevada a cabo en 2011 incluía el compromiso de informar por carta a los futuros jubilados de la cuantía de su pensión pública. Una carta que nunca ha llegado y que sí reciben los trabajadores de otros países de la Unión Europea. En segundo lugar, los futuros pensionistas es probable que vean alargada su vida laboral al tiempo que deberían contemplar la contratación de planes de pensiones privados para complementar su pensión de jubilación. Para aclarar cómo, cuándo y con qué pensión podrás jubilarte, en Fonditel hemos realizado una Guía de la Pensión Pública de Jubilación 2018 que puedes descargarte de manera gratuita.
Durante los últimos años, el recurso para cubrir estos déficits era acudir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, fondo soberano de inversión creado por el Gobierno de España en el año 2000 a fin de garantizar el sistema público en materia de prestaciones contributivas, y que se conoce comúnmente como la hucha de las pensiones. Las reiteradas extracciones producidas desde 2012 han ido lastrando las cuentas de el Fondo de Reserva, de tal manera que el Gobierno se vio obligado en Junio a conceder un préstamo a la Seguridad Social para poder hacer frente a las 2 pagas extras de las pensiones.
De cara al futuro, y en ausencia de recursos adicionales al sistema, es muy posible que la sostenibilidad del sistema pase por una reducción de la tasa de sustitución, entendida como el porcentaje que la pensión pública representa frente al último salario. Por otra parte también es muy posible que la revalorización de las futuras pensiones no sobrepase el 0,25% en unos cuantos años como consecuencia de la necesidad de corregir los déficits del sistema de pensiones y por el incremento en el número de pensionistas. A pesar de este incierto panorama, el Pacto de Toledo, comisión del Congreso de los Diputados encargada de definir las líneas maestras en materia de pensiones, sigue sin proponer ninguna directriz o recomendación, estando los partidos políticos bastante lejos de alcanzar algún tipo de consenso.
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