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El envejecimiento de la población es, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos a los que la economía española debe enfrentarse, tanto con una perspectiva de largo como de corto plazo. La extraordinaria envergadura de este reto viene determinada por las numerosas implicaciones que estos cambios tienen en multitud de ámbitos socioeconómicos.
Según los últimos datos de Eurostat, la esperanza de vida en España al nacer alcanzó los 83,5 años en 2018, una de las esperanzas de vida más altas a escala internacional, por encima de los 81 años del conjunto de la UE. Frente a este aspecto, claramente positivo, la tasa de fecundidad en España, de apenas 1,26 hijos por mujer en edad fértil, es muy baja en comparación con la de otros países de nuestro entorno.
Si bien el cambio demográfico es un reto que afecta a la mayor parte de las economías avanzadas, este tendrá una especial incidencia en nuestro país. Por ello, el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dentro de su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, reservó una parte importante a referenciar la necesidad de una reforma del sistema de pensiones.
En su opinión la suspensión de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y del índice de revalorización anual de las pensiones, producirá un ajuste principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas. El descenso de estas podría alcanzar los 20 puntos porcentuales entre 2013 y 2060.
Cabe recordar que el factor de sostenibilidad vinculaba la pensión inicial al incremento de la esperanza de vida. Por su parte, el índice de revalorización anual de las pensiones ligaba su incremento al equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema. Tanto los ingresos como los gastos públicos se verán extraordinariamente afectados en los próximos años como consecuencia del proceso de envejecimiento poblacional, de ahí la disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas del que hablamos.
Este es un aspecto que cualquier política presupuestaria y estrategia de consolidación fiscal a medio plazo debe tener muy presente. El debate a plantear, según el Banco de España, debería abordar qué nivel de prestaciones debe proveer el sistema público de pensiones. Este debate debería tener en cuenta no solo a las cohortes más cercanas a la jubilación, sino también a las más jóvenes, estableciendo unos parámetros de equidad intergeneracional.
De acuerdo con los datos de Eurostat, la tasa de dependencia en nuestro país se sitúa en el 29,5% en la actualidad, frente al 31,4% del conjunto de la UE. Sin embargo, las proyecciones también revelan que España será el país de la UE que sufra el mayor incremento en esta tasa de dependencia de la pensión pública, aumentando en más de 25 puntos porcentuales en los próximos 25 años.
Por el lado de los gastos públicos, el incremento de la longevidad y el inminente comienzo del proceso de jubilación del grueso de las cohortes de población que nacieron a partir de finales de los años cincuenta (la generación del baby boom) supondrán una notable presión al alza sobre las cuentas públicas.
Entre las distintas medidas que podrían adoptarse, sería conveniente aumentar la transparencia sobre el funcionamiento del sistema, y reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, siempre asegurando un nivel de suficiencia para aquellos hogares con recursos más limitados. También sería deseable la introducción de nuevos incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la referencia legal.
Desde el organismo estatal, consideran que establecer mecanismos automáticos de ajuste ayuda a estabilizar el sistema adaptándolo a los cambios demográficos y económicos: un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida. Algo que varios países de la UE, como Alemania, Suecia o Italia, ya han establecido.
El Banco de España considera que existe margen para una reflexión sosegada sobre el papel que deberían desempeñar los mecanismos de ahorro privado complementarios (planes de pensiones). Desafortunadamente, el desarrollo de estos en España es muy limitado en comparación con otras economías, especialmente del norte de Europa.
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